Narbona presidió hoy la reunión del Consejo Nacional del Agua, órgano asesor del Gobierno en esta materia. Antes de entrar a la reunión, la ministra atendió a los medios congregados, a los que explicó las modificaciones a la Ley de Aguas que el Consejo propondrá a lo largo de esta jornada de trabajo.

Una directiva comunitaria marca como fecha límite el año 2010 para garantizar el principio de recuperación de costes del agua ("con excepciones justificadas en cada uno de los planes hidrológicos de Cuenca"). De acuerdo con dicha directiva, el Consejo Nacional del Agua propone hoy "reconocer el derecho de todos los ciudadanos a unos mínimos de abastecimiento de agua potable".

La ONG Economistas en Acción ha sido la encargada de tasar en 60 litros por habitante y día la cantidad tope, "que debe formar parte de la oferta de las Administraciones, en condiciones asequibles desde el punto de las tarifas del agua". Más allá de esta cantidad, entrarían en juego tramos de tarifas "que desincentiven el consumo excesivo de agua potable".

"Hay ya ayuntamientos que tienen tarifas que incentivan el uso responsable del agua. Lo que queremos es que ése sea un principio de común aceptación en nuestra legislación", explicó la ministra. "Me parece que es una exigencia, si queremos hacer una política del agua seria, que todos los ayuntamientos den una cobertura al uso más eficiente y responsable del agua", añadió.

En lo que se refiere a la Agricultura, "se irá de la mano del Ministerio de Agricultura para ver cuánto se puede ir reduciendo la subvención que, en estos momentos, se realiza de manera implícita, a través del coste del agua", señaló Narbona.

SEPARAR CONSULTA PÚBLICA DE TOMA DE DECISIONES

Otra de las propuestas planteadas por el Consejo Nacional del Agua es separar los órganos consultivos y de participación pública de los órganos que tienen una composición política y capacidad decisoria, en esta materia.

Según Narbona, la propuesta concreta es modificar la Ley de Aguas para crear una Conferencia Sectorial del Agua, como órgano de cooperación entre el Gobierno de la nación y las Comunidades Autónomas, especializada en política del agua.

Asimismo, "vamos a proponer la modificación del Consejo Nacional del Agua, en el que actualmente tienen voz y voto tanto representantes de la sociedad civil como de las Administraciones. Hay que cambiar este esquema e ir hacia un consejo asesor en materia de agua que esté exclusivamente formado por representantes de la sociedad civil", como organizaciones profesionales y económicas que representan a quienes usan el agua, sindicatos, organizaciones empresarialesy de defensa del medio ambiente.

A juicio de Narbona, los representantes de las Administraciones "lo que hacen con su voto es refrendar siempre lo que hace la Administración del Estado".

Esta estructura también se trasladaría al ámbito autonómico, de modo que "también habrá Consejos de Agua por cada una de las cuencas hidrográficas, que garantizarán la participación civil, separados de los Comités de Autoridades Permanentes", donde se tomarán las decisiones.

FIN DE LOS TRASVASES

Finalmente, la ministra aludió a la decisión del PP y el PSOE de Castilla-La Mancha, de poner fin a los trasvases en el año 2015. Ambos grupos parlamentarios tienen previsto registrar hoy, en las Cortes regionales, el nuevo texto estatuario en forma de proposición de ley.

A este respecto, Narbona afirmó que "una cosa son los textos que entran en el Parlamento, y otra los que salen del mismo". En este sentido, recordó que "los estatutos de Cataluña y Valencia fueron modificados en el debate parlamentario".

Narbona expresó el deseo del Gobierno de que "todas las comunidades autónomas participen de manera activa en la gestión del agua, pero dejando al Gobierno de la nación las decisiones importantes, por ejemplo en materia de trasvases".

"Quien sigue estableciendo cuándo se puede hablar de recursos excedentarios es el Gobierno de la nación, a través de la planificación hidrológica". Por ello, pidió que "no anticipemos" acontecimientos.

Finalmente, la ministra reconoció que su Departamento y el e Agricultura colaboran en la elaboración de estudios que aporten una perspectiva real de la situación del ampo, y mostró su preocupación por la problemática de los agricultores, no sólo de la cuenca del Segura, sino también del Júcar y del Guadalquivir.