Con este nuevo texto, presentado en Conferencia Sectorial, se incorpora a la legislación española el Convenio de Aarhus, que obliga a los estados firmantes -España es uno de ellos- a garantizar la participación pública en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente, al tiempo que asegura a los ciudadanos los derechos de información y justicia ambiental.

Los consejeros de Medio Ambiente de las comunidades autónomasanalizaron el anteproyecto de ley que, según informó el ministerio, se basa en los criterios establecidos por normas básicas como la Constitución Española, la Declaración de Río y las directivas comunitarias sobre información y participación pública.

En materia de acceso a la información, el borrador presentado reconoce el derecho del ciudadano a solicitar la información ambiental y ser atendido por las autoridades públicas e impone a las administraciones la obligación de difundir toda la información que pueda ser relevante para los ciudadanos.

Entre las novedades más importantes en este área se pueden destacar la reducción de plazos de contestación a un máximo de 20 días; la apuesta por la nuevas tecnologías, y la obligación de información en casos de amenaza para la salud o el medio ambiente.

La garantía de participación de los ciudadanos se refuerza abriendo plazos suficientes para el estudio de propuestas y estableciendo que las administraciones deban tomar consideración de las observaciones presentadas. Además, se hace un reconocimiento expreso de la legitimación de las ONG para participar como titulares de lo intereses colectivos.

En lo que se refiere al acceso a la justicia, el texto reconoce el derecho del público a impugnar las decisiones administrativas que vulneren los derechos de información y participación, y la regulación de la acción popular a favor de las ONG para impugnar cualquier vulneración del ordenamiento jurídico ambiental imputable a una autoridad pública.