Durante su intervención en un acto organizado por el PSOE con motivo de la presentación de la propuesta socialista por una nueva política urbanística y del territorio, Narbona hizo esta recomendación porque, dijo, con el suelo que ya está recalificado para construir viviendas se cubren las necesidades de los próximos cincuenta años.

Según la ministra, la ley que modifica el Plan Hidrológico Nacional incorpora, desde el pasado año, la obligación de realizar informes sobre la disponibilidad de agua antes de la aprobación de cualquier plan urbanístico.

Los organismos públicos de cuencas hidrográficas ya están emitiendo informes sobre si existe o no disponibilidad de agua para las nuevas edificaciones y desarrollos urbanísticos, sin invadir competencias, recalcó la ministra, porque la última palabra la tienen las comunidades autónomas.

Sin embargo, reclamó, "sería extraordinariamente importante que (estos informes) fueran tenidos en consideración por nuestras administraciones, porque se trata de una herramienta para introducir racionalidad en el proceso de desarrollo del suelo".

Narbona advirtió de que con el suelo urbanizable que ya está calificado, se pueden construir o están construidas "un número de viviendas que supera varios millones de unidades y, por tanto, la posibilidad de atender el crecimiento demográfico de este país durante los próximos 50 años sin el menor problema. Sólo hay que gestionar los tiempos".