En un comunicado, la ministra valoró que, de esta manera, el Alto Tribunal "da la razón al Gobierno" respecto a la suspensión del artículo 9 de la ley.

Concretamente, el artículo 9 de la Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid impone a los agentes forestales la obligación de disponer de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales, por lo que el Ejecutivo fundamentó su recurso de inconstitucionalidad contra este artículo en que con ello "se reducía tanto la defensa del interés público como la protección del medio ambiente".

Asimismo, el Gobierno alegó que esta norma autonómica "contradice la Ley estatal de Montes, que no sólo les asigna la condición de agentes de la autoridad, sino también la de policía administrativa forestal".

Para la ministra, el fallo del Constitucional "repone a su estado original la garantía de los derechos de los ciudadanos de Madrid, amenazada por esa normativa autonómica".