Según indicó el ministerio que dirige Cristina Narbona en un comunicado, la Comunidad de Madrid, administración sobre la que recayeron las competencias para la evaluación de este proyecto, desoyó las recomendaciones del Gobierno de no obviar la "necesaria" EIA, a efectos de prever y corregir los impactos significativos que se derivan de dicha obras.

Así, Medio Ambiente recalcó que, "con independencia de la calificación final que quiera darse a la M-30, ya sea 'vía urbana', 'vía rápida', 'circunvalación', 'calle' o 'by-pass', lo cierto es que la EIA hubiese sido beneficiosa, ya que supone un instrumento preventivo de los impactos y efectos que la remodelación tiene en el medio en el que se ejecuta".

Además, puntualizó que, en este caso, el medio es "urbano, con una gran densidad de población afectada y con indudables elementos concurrentes en el espacio en el que se actúa, tales como el agua, el aire, el patrimonio histórico arquitectónico, y la población".

Por otra parte, y considerando la M-30 como autovía, Medio Ambiente insistió en que la actuación "debió ser sometida a procedimiento de EIA".