Los demás grupos arlamentarios expresaron su oposición a la enmienda, por considerarla poco fundamentada y con escasas medidas concretas, aunque también mostraron su rechazo, con excepción del grupo Socialista, a las medidas adoptadas por el Gobierno para aumentar los ingresos y reducir los gastos.

Manuel Núñez, del grupo Popular, defendió las privatizaciones de empresas públicas como vía para reducir el déficit del Estado, así como una política de austeridad en la Administración.

También abogó por la reducción d 5.400 altos cargos de la Administración, lo que permitiría un ahorro de 60.000 millones de pesetas en los Presupuestos del Estado de 1993, y acusó al Gobierno de aumentar desorbitadamente la contratación de funcionarios.

Por el Grupo Socialista, Joaquín Almunia afirmó que la enmienda a la totalidad presentada por los populares manejaba "estimaciones muy exageradas y poco realistas", además de no recoger ninguna medida para controlar el déficit público.

"Lo único concreto es que a los ricos les bjan la presión fiscal", dijo Almunia en alusión a la propuesta del grupo Popular de reducir el tipo máximo del IRPF del 56 al 40 por ciento.

También criticó la medida de reducir 5.400 altos cargos de la Adminitración, porque aseguró que la mayoría de estos no eran políticos, sino técnicos, y por tanto, necesarios para el buen funcionamiento de los organismos públicos.

ABUCHEOS

El ex ministro de Administraciones Públicas y Trabajo comparó a las medidas propuestas por el PP con las aplicadas en ls años ochenta por gobiernos conservadores como los de Gran Bretaña y Estados Unidos, a los que responsabilizó de la actual crisis económica, lo que provocó los abucheos desde las filas de los parlamentarios de grupo Popular.

Ramón Espasa, de Izquierda Unida, contestó a Almunia que el PSOE está imitando en el Gobierno la política de Reagan y Thatcher, y que sólo acierta cuando se inclina hacia la izquierda, como al elevar la tarifa del IRPF con criterios de progresividad fiscal.

Por su parte, tano el CDS como el PNV consideraron que la enmienda no era pertinente para solucionar los problemas económicos españoles, pero ambos grupos criticaron el ajuste adoptado por el Gobierno el pasado mes de julio.

El ajuste supondrá un aumento de los ingresos previstos de 130.000 millones de pesetas (90.000 millones por el IVA y 40.000 por el IRPF) y un recorte del gasto público de 196.000 millones de pesetas.