ANPU se querelló contra Olivares por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al permitir que "una mutua privada se sirva de empleados de la Policía y medios materiales de la Dirección General de la Policía", por lo que solicitan al juez un auto de prisión y la imposición de una fianza de 15 millones de pesetas para el director general.

En declaraiones a Servimedia, Rafael Román, presidente de la mutualidad, afirmó que esta entidad "no utiliza medios materiales de la Policía" y que únicamente tres policías "permanecen liberados para gestionar esta mutualidad". Añadió que las oficinas que ocupan "son propias de la mutualidad, como se puede comprobar en el registro de la propiedad".

El presidente de la mutualidad aseguró que los propios afiliados a ANPU que pertenecen a la mutualidad no entienden el sentido de la querella y están "atestando de lamadas" la entidad para saber "de qué va el tema".

La Mutualidad de Previsión Social de la Policía nació en 1921 y fue creada por el antiguo Ministerio de la Gobernación. Actualmente maneja un patrimonio de unos 13.000 millones de pesetas, con más de 30.000 mutualistas en toda España.