Los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Murcia han informado favorablemente al Ejecutivo murciano sobre la conveniencia de seguir adelante con este proceso, después de que el texto definitivo del Estatuto Catalán fuera publicado el pasado 20 de julio en el Boletín Oficial del Estado, tras su aprobación en las Cortes Generales.

En concreto, según los Servicios Jurídicos, la norma básica catalana vulnera, al menos, diez principios constitucionales, al otorgar al Gobierno de Cataluña "un trato diferenciado y bilateral" con respecto al resto de los territorios de la cuenca del Ebro y de España.

Con ello, agregan, se rompe el principio de unidad de gestión de las cuencas intercomunitarias, al otorgar a la Generalitat plenos poderes para fijar el caudal ecológico de un río que discurre por nueve comunidades autónomas, y limitar las posibilidades de recuperar la transferencia de agua prevista en la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN).

Además, el informe elaborado por los Servicios Jurídicos señala "los gravísimos vicios" que ha sufrido el texto catalán en su tramitación parlamentaria.

Asimismo, según los juristas, el Estatuto catalán "remite a mecanismos bilaterales Estado-Generalitat sobre los trasvases que pasen o finalicen en territorio Español". Por último, los Servicios Jurídicos subrayan que "el citado Estatuto va en contra del indispensable principio de solidaridad que emana de la Constitución Española".

El Gobierno murciano explica en una nota que considera necesario seguir adelante con este proceso, porque el texto "atenta contra los legítimos intereses de la Región de Murcia, de los murcianos y del conjunto de los españoles".

Además, destaca que "el río Ebro transcurre por nueve comunidades, por lo que es patrimonio de todos los españoles, y por ello no podemos tolerar que el Gobierno catalán se arrogue el derecho de tener la última palabra sobre posibles transferencias desde esa cuenca, ya aprobadas, con el necesario consenso y participación, en el anterior Plan Hidrológico Nacional".

Este nuevo recurso se sumaría a los otros dos presentados anteriormente por el Ejecutivo murciano contra el decreto que derogó el trasvase del Ebro del Plan Hidrológico Nacional (Real Decreto-Ley 2/2004 de 18 de junio), y contra la Ley que modificó el texto del Plan Hidrológico (la Ley 11/2005 de 22 de junio), ambos admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional.