En concreto, este segundo recurso de inconstitucionalidad, después del primero admitido a trámite por el Alto Tribunal en octubre del año pasado, se presentaría porque el Gobierno central deja en manos de la Generalitat de Cataluña toda la gestión de la cuenca del Ebro y rompe el principio de unidad de cuenca que consagra la Constitución, la Ley de Aguas y la Directiva Marco de la Unión Europea.