Todos los alcaldes de los municipos integrantes de la Comisión de Seguimiento del Plan del Guadarrrama, a excepción del edil de Rascafría, firmaron un manifiesto donde reiteran su apoyo a las obras de instalación de los cañones de nieve artificial en el puerto de Navacerrada.

"Apoyamos a los actuales gestores de la Estación de Montaña frente a los infundados ataques de algunos miembros de estos colectivos que monopolizan en su proyecto la conservación de estos espacios, sin contar con los que desde tiempo inmemorial los conservan en ilencio y sin ningún tipo de acciones de cara a la galería", señalaron.

Asimismo, afirmaron que técnicos del municipio más afectado, San Ildefonso-La Granja, han supervisado las obras "en todo momento y se han tenido en cuenta todas sus indicaciones, ajustándose a la legalidad vigente".

"Consideramos que el conjunto de las obras requeridas se realizan en todo momento con el máximo respeto al medio ambiente y con un cuidado exquisito por el entorno natural", manifestaron.

El alcalde de Cercedlla, Enrique Espinosa, manifestó hoy a Servimedia que "las obras de los cañones van a seguir adelante, a buen ritmo e intentando que en el mes de diciembre se pongan en funcionamiento dentro de esta primera fase".

En su opinión, la instalación de un sistema de producción de nieve en las pistas de esquí de Navacerrada "se ha de convertir en una ayuda a la explotación racional de los recursos deportivos y turísticos de la zona".

Por otro lado, en la reunión de hoy los ediles conocieron el nuevo conejero delegado de la empresa pública Deporte y Montaña de la Comunidad de Madrid, S.A., Juan Carlos Blanco, en sustitución de Alfonso Arroyo.

También definieron el plan de actividades para el próximo ejercicio de invierno, como el programa para la campaña 93-94 y los cursillos de esquí, entre otros.

La instalación de cañones de nieve en Navacerrada ha provocado críticas y movilizaciones de diversas organizaciones ecologistas, como Aedenat y Comaden, cuyos miembros han llegado a encadenarse a las áquinas que realizan las obras. Esta acción de protesta motivó una sentencia en contra de los conservacionistas, que deberán pagar una multa de 15.000 pesetas.

Los ecologistas denuncian el impacto ambiental que provocarán las obras, el consumo de agua que necesitarán los cañones y el incremento de la presión humana sobre la zona.