Uno de los principales factores esgrimidos por los impulsores políticos de la remunicipalización del ciclo integral del agua es el precio de la factura, argumentando que la empresa gestora solo tiene como objetivo incrementar beneficios, por delante de dar un servicio de calidad a los ciudadanos.

La realidad es que, desde la puesta en marcha de Aquavall -empresa municipal para la gestión de este servicio-, la tarifa no se ha reducido de ningún modo: se han limitado a mantenerla congelada. Una acción que desde el consistorio se pregona como un gran paso, cuando, en realidad, la tarifa del agua en Valladolid está congelada desde 2014, es decir, tres años antes de que se realizara el cambio a la gestión pública directa del ciclo integral.

Un cambio que sí que efectuó Aquavall desde el primer momento de coger las riendas de la gestión fue el criterio de bonificación del servicio: se eliminaron las que beneficiaban a jubilados mayores de 65 años y se cambió por ayudas a familias que cobran el sueldo mínimo. Una medida de la que se podrían haber beneficiado unos 12.000 abonados y que supondría un gasto de 150.345 euros para la EPEL (entidad pública empresarial local).

En su lugar, han implementado y mantenido –según especifican en su Plan Plurianual 2021-2023- una bonificación para familias que cobran el sueldo mínimo, que son menos de 2.000 abonados de la ciudad y que tiene una repercusión máxima de 56.039 euros para las arcas de Aquavall. Así pues, las ayudas potenciales a los abonados con menos recursos se han reducido más del 62%.

Otro aspecto pregonado por los partidarios de la remunicipalización del servicio del agua es aumentar la eficiencia de la gestión. En el caso de Valladolid, calcularon que era necesario hacer una inversión de 178 millones de euros en 15 años para mejorar la red, sobre el que desde el ayuntamiento vallisoletano asegura que están haciendo una inversión de unos 10 millones anuales para sufragar el déficit de inversión previa.

Pero la realidad muestra unos números bastante diferentes: ya en la presentación de los presupuestos de 2018 –los primeros plenamente correspondientes a la gestión pública directa de Aquavall- no solo no incrementaron la dotación para estas necesarias mejoras, sino que rebajaron medio millón de euros de su previsión inicial de inversión. Por otra parte, también se debe tener en cuenta que las arcas municipales han dejado de recibir los 2 millones de euros anuales que la empresa concesionaria pagaba a la administración pública para realizar las inversiones necesarias para la mejora de la red e infraestructuras del agua en la ciudad, que siempre han sido responsabilidad del consistorio.

Además, se ha dado un fenómeno totalmente contradictorio con la gestión que predican: en realidad se ha troceado la gestión en un sinfín de privatizaciones a pequeña escala. Para hacerse cargo de la gestión directa del ciclo, Aquavall ha aumentado el número de proveedores y se ha producido una multiprivatización encubierta. La sustitución de la gestión indirecta del agua por el ente administrativo público se convierte en una operación perniciosa para los balances municipales y repercute negativamente en la prestación del servicio, especialmente si lo que se pretende es mantener las mismas condiciones de calidad y eficiencia.

El proceso se traduce en un mayor gasto público por los costes indirectos. Solo en el primer año de gestión pública del servicio se llegaron a licitar más de 40 contratos por un valor de 23,5 millones de euros para diferentes áreas de gestión, entre ellas alguna considerada clave para la ejecución del servicio, como el control de desbordamientos de la red de alcantarillas, reforma de infraestructuras, bombeos en la red, telelectura o servicio de atención al cliente. Una situación que no se ha revertido en años posteriores.

Por otro lado, las inversiones realizadas por la EPEL tampoco han tenido una repercusión directa en la mejora de la red, ya que en los últimos tres años (2019-2021) se han registrado unas 400 incidencias del servicio y más de 100 fugas de agua. Una tendencia que ha ido al alza, año tras año, desde el cambio a la gestión pública del servicio.

En lo que respecta a la plantilla, la EPEL contempla 177 puestos de trabajo (de los que actualmente solo hay operativos 163). Esto significa que ha incrementado en 7 nuevas plazas la plantilla anterior (170 empleados que fueron subrogados como fijos discontinuos dentro de la nueva empresa pública). De estos, destaca que la mayor parte del personal son operarios (un 67% de la plantilla), seguidos por administrativos (17%), técnicos (11%) y directivos (5%).

Eso sí, observando parámetros salariales, los directivos de Aquavall cobran un 48,54% más que los operarios (cálculo promedio por persona). Otro aspecto que repercutirá en las proyecciones presupuestarias de Aquavall es la aplicación del convenio colectivo de personal de empresa pública, con la entrada en vigor del incremento de sueldo por trienios y quinquenios en los casos pertinentes.

Finalmente, otro aspecto remarcado por los promotores ideológicos de la remunicipalización de los servicios se centra en la transparencia de la gestión. En el caso de Aquavall, articularon un espacio de portal de transparencia online que cuenta con una actualización de ritmo bajo: por ejemplo, hace dos años que no publica su informe de sostenibilidad (el último disponible públicamente en su web es de 2019). Por otra parte, los grupos de la oposición municipal reclamaron desde el inicio de la gestión pública del servicio del agua que se realizara una auditoria “externa e independiente” que nunca ha llegado a materializarse (sí se han realizado las auditorías internas que exige la ley).

La realidad se ha impuesto al movimiento de la “remunicipalización mágica” y lo que tenía que convertirse en un modelo a seguir ha acabado siendo un ejemplo de gestión ineficiente con gran impacto negativo sobre las arcas municipales, sobredimensionando el aparato público, y sin ningún beneficio para los ciudadanos. La burbuja de la remunicipalización del agua ya ha pinchado.