El nuevo almacenamiento será el primero para residuo de alta actividad que se construirá en España fuera del edificio de contención de las centrales nucleares, ya que la basura atómica quedará recluida en contenedores autorizados por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La central de Trillo necesita este almacenamiento para mantenerse operativa, ya que en el 2002 la piscina situada en el interior del edificio de contención que acoge estos residuos quedará saturada.

Los ocho municipios que prsentarán recurso ordinario contra el decreto del Consejo de Ministros ante la propia Administración central son Trillo, Brihuega, Mantiel, Durón, Enche, Solanillos, Pareja y Budia, todos ellos situados en la provincia de Guadalajara y pertenecientes a la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC).

El alcalde de Brihuega y portavoz de estos municipios, Jaime Leceta, declaró hoy a Servimedia que si el Gobierno no reconsidera su decisión o no informa de las características del nuev almacenamiento a los municipios cercanos a la central, presentarán recurso contencioso-administrativo ante las instancias judiciales.

Según Leceta, "existe malestar y preocupación en los municipios del entorno de la nuclear de Trillo, porque desconocemos qué tipo de almacenamiento se va a construir y sus características".

El alcalde de Brihuega criticó al Gobierno por acometer "una política de hechos consumados", ya que en ningún momento informó a los municipios con centrales o cercanos a ellas e la política que planea desarrollar en materia de residuos radiactivos.

En este sentido, advirtió de que los ayuntamientos no permitirán que la nueva instalación que construya la central de Trillo se convierta en un Almacén Temporal Centralizado (ATC) que reciba los residuos de alta actividad de todas las centrales españolas.

En el supuesto de que sólo acoja la basura nuclear que genera Trillo, los alcaldes sólo aceptarán una instalación de este tipo en la zona si no existen alternativas viablesy siempre que el Gobierno ponga en marcha un plan de desarrollo socieconómico en la comarca para compensar los perjuicios que acarrea una instalación de este tipo.