Es decir, si se comprueba que Garoña puede seguir operando en condiciones de seguridad, estos municipios quieren que siga funcionando, según informó hoy a Servimedia un portavoz de esta organización.

Además, AMAC exige que, en el caso de que el Gobierno decida cerrar la central, se emprenda un plan de desarrollo económico para la zona.

Cuando se instala un reactor nuclear en una zona, esta se convierte en un "monocultivo industrial". Por ello, su cierre puede acarrear consecuencias negativas para el empleo y la economía del lugar.

"Es necesario un plan de desarrollo económico, si se cierra la central", de modo que esta zona burgalesa no quede abandonada a su suerte, tras años de dedicación a la energía nuclear.