Así se constató durante la presentación de la iniciativa 'Alianza Apoyo y Autonomía', presentada en la sede de la agencia Servimedia, junto al Comité Español de Representantes con Discapacidad (Cermi), Fundación ONCE y Aequitas, además de la Fundación Tutelar de Castilla-La Mancha (Futucam).

En el encuentro, moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, participaron la directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de Fundación ONCE, Lourdes Márquez; la directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona; el delegado para Derechos Humanos y la Convención de la ONU del Cermi, Gregorio Saravia, y Santiago Izquierdo, persona con discapacidad intelectual apoyada por Futucam.

Esta Alianza pretende impulsar el conocimiento y cumplimiento real de la Ley 8/2021, que reconoce el derecho que tienen las personas con discapacidad a tomar sus propias decisiones, por lo que elimina las incapacitaciones.

Para ello, las fuerzas vivas de la discapacidad reclamaron durante el encuentro que estas personas “no sean tuteladas”, sino que sean responsables de su futuro, lo que requiere “un cambio de chip” en la sociedad y también "un presupuesto" para poder hacer realidad dicha ley "en toda su extensión”.

“Es necesario un cambio sociocultural y las protagonistas son las personas con discapacidad, sus familias y la propia sociedad, incluyendo los operadores jurídicos y no jurídicos (notarios, banca, Administración, universidades, asociaciones de jóvenes…) para pasar de los derechos a los hechos, que es lo que toca ahora”, explicó Lourdes Márquez.

Para ello, la Alianza pretende realizar una intensa actividad formativa entre todos los colectivos a asociaciones para que se cumpla la Ley 8/2021 “con los apoyos y salvaguardas para ayudar a las personas con discapacidad” en asuntos como el derecho al voto, realizar un testamento, relacionarse con la Administración o ejercitar el derecho al ocio o al trabajo “en condiciones de accesibilidad e igualdad”.

"HITO HISTÓRICO"

Para Almudena Castro-Girona, lograrlo sería un “hito histórico” y un “cambio de paradigma", aunque la Ley 8/2021 lleva ya en vigor tres años. “Tenemos que lograr conocimiento y una implementación real de la ley y tenemos que luchar porque no nos vuelva a pasar lo mismo que con el término ‘disminuido’ de la Constitución. Es un hito, que nos parece imposible a veces, pero es una realidad que hay que conseguir abriendo la mente”.

“Con la reforma del artículo 49, nos hemos dado cuenta de que cuando todo el tejido asociativo está unido, no hay metas, recalcó Gregorio Saravia, quien aseguró que actualmente se “discrimina” a las personas con discapacidad, “se les excluye en muchos actos de la vida cotidiana”.

Explicó que en el Cermi reciben multitud denuncias de discriminación de las personas con discapacidad "en los más diversos ámbitos” y animó a seguir dando a conocer todas aquellas situaciones que pueden constituir una violación de derechos.

Por ello, esta Alianza nace para “dar respuesta” a las personas con discapacidad y sus familias. Por ejemplo, con el derecho al voto en las próximas elecciones europeas y que se pueda ejercer en igualdad de condiciones, recomendando el uso del código QR. Gracias a esta tecnología, las personas con discapacidad visual no tendrán que “decir a nadie lo que van a votar”.

EL CASO DE SANTIAGO

Santiago Izquierdo, persona con discapacidad intelectual, consideró que “aunque estamos en el siglo XXI, llevamos arrastrando un montón de prejuicios”.

Además, hizo memoria de algunos sucesos históricos relacionados con la discapacidad intelectual. “Se crearon unos campos de reeducación para nosotros durante la Segunda República: nos llamaban subnormales. Además, nos han llamado cosas como ‘el tonto del pueblo’, pero de tontos no tenemos nada. Sólo queremos tener nuestros derechos, ni más ni menos que los demás”.

Su caso es ilustrativo porque cuando vivían sus padres, los acompañaba y ayudaba en todo tipo de tareas: citas médicas, papeleos, gestiones bancarias, compra… Pero a raíz de su incapacitación, previa a la nueva legislación, ya no podía hacer las gestiones bancarias ni administrativas familiares. Tampoco podía votar, entre otras muchas cosas.

“El juez, al decidir mi incapacidad total, no me dijo que me habían quitado el derecho al voto y que habían desaparecido derechos como testar o decidir por mí mismo”, recordó, haciendo hincapié en que él se ocupaba de todos los asuntos de su padre, que necesitaba mucha ayuda al no saber leer ni escribir.

Con la Ley 8/2021, desaparece la incapacitación y Santiago vuelve a recuperar sus derechos. Aunque lamentó que siguen existiend casos de discriminación de personas con discapacidad en disfrute del ocio, al restringir en paso a bares o restaurantes, "aprovechando el derecho de admisión en los locales".

Denunció, además, cómo las reclamaciones en muchos casos se quedan en "papel mojado": "El bar restaurante que impidió el acceso a mi amiga ya tenía siete reclamaciones, ocho con la de mi amiga, pero sigue funcionando".

Por todo ello, Izquierdo pidió "unidad" al colectivo de la discapacidad y "remar en la misma dirección" para que el "barco de la discapacidad y de los derechos llegue a buen puerto". "Necesitamos estar todos juntos", dijo, haciendo suyas las palabras de Julio César: 'Llegué, vi y vencí'. "No queremos que nos dividan ni nos venzan ni consigan una victoria a nuestra costa. Queremos que nos vean como personas, no como niños pequeños", finalizó.