En 1992, la UCE recibió un total de 3.580 reclamaciones de personas afectadas por este supuesto delito de estafa donde esas dos empresas realizaban ventas de apartamentos y estudios con hipotecas y embargos, muchos de los cuales no existían, según los datos del Resgistro de la Propiedad. Además, numerosos contratos no indicaban qué inmueble se vendía.

Ambas empresas comercializaron, con carácter habitul y en todo el territorio nacional, la venta de apartamentos ubicados en el complejo denominado "Mareverde", Fases I, II, III, en el término municipal de Adeje, Urbanización Torviscas, playa de las Américas en Tenerife.

Los presuntos delitos pueden afectar a 9.048 posibles titulares de viviendas en el citado régimen de multipropiedad; un sistema en el que España es, en la actualidad, el destino líder de los clientes procedentes de países de la Comunidad Europea y el segundo a escala mundial, después d Estados Unidos.

La fórmula de multipropiedad permite a los usuarios disfrutar de una residencia de vacaciones -apartamentos, chalets, o residencias- por una o más semanas fijas al año durante un número determinado de años o a perpetuidad.

Esa oferta también incluye alojamiento con equipamiento e instalaciones para su utilización, servicios como limpieza, vigilancia y mantenimiento, instalaciones deportivas, descuentos en viajes, y la posibilidad de intercambios en otros conjuntos por distintos priodos de tiempos, mediante cuotas adicionales, abonadas en favor de otras empresas dedicadas exclusivamente al intercambio internacional de semanas de disfrute.

La UCE denuncia "la imposibilidad de que los intercambios sean reales, al no depender de la empresa vendedora, y la dificultad de revender la multipropiedad adquirida".

Según la responsable del área de la Vivienda de UCE, Natividad Cifuentes, los clientes, en el momento del contrato, desconcen todos los gravámenes ocultos de esta oferta e multipropiedad, donde "se falta a la verdad con inforación engañosa."

Este fenómeno, en su opnión, es mucho mas "complejo de lo que a simple vista los clienten ven, porque no sólo van a responder del uso y disfrute de la vivienda, sino de todos los servicios añadidos que ni son prestados, ni son propiedad de la misma empresa que vende el producto al consumidor.

La UCE presentó la denuncia al Fiscal General porque "nosotros no podemos investigar más por nuetros medios estas dos empresas" que, co distinta denominación, tienen idéntico domicilio social, funador y consejo administrador, según explicaron los portavoces de la unión.

INFORMACION POCO CLARA

Natividad Cifuentes afirmó que esas empresas utilizan en sus contratos información poco clara; técnicas de ventas agresivas con poco o ningún tiempo para reflexionar, y ofertas con regalos de cohes, vídeos y viajes, sólo por el hecho de asistir a sus reuniones, que entregan en cuanto la operación de compra queda en firme.

El director de l Asesoría Jurídica de UCE, Bernando Hernández, precisó que las empresas de multipropiedad no pueden garantizar los intercambios en los lugares que el cliente desee, y las semanas, que se venden numeradas, no siempre coinciden con el tiempo deseado por los clientes para sus vacaciones.

La UCE informó que en 1990, de los 89 proyectos nuevos de este régimen de multipropiedad, 30 fueron destinados a España y 14 a Canarias.

En su denuncia, la misma organización defensora del consumidor pide que las auoridades regulen las mínimas garantías en los contratos de ese régimen, y que especifiquen todas las obligaciones de las empresas vendedoras.