El consejero de Bienestar Social, Fidel Martínez, explicó hoy que esta ley, que consta de 18 artículos integrados en cinco capítulos, tiene como objetivo "garantizar los derechos de los usuarios y el nivel de calidad de este tipo de servicios".

En el texto, que se remitirá a las Cortes de Castilla-La Mancha para su debate y aprobación, se incluye un régimen sancionador que contempla multas de hasta 100millones de pesetas, dependiendo de la infracción.

La ley clasifica tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. En éstas ultimas se incluyen el trato degradante, el no facilitar el acceso a la atención sanitaria y las amenazas, replesalias o malos tratos sobre los usuarios.

El régimen sancionador incluye también como sanción la suspensión temporal o definitiva para ejercer actividades en el ámbito de los servicios sociales, y contempla la suspensión de financiación pública.

Esta ey va dirigida a los 25.000 usuarios de las 300 guarderías infantiles, 40 centros ocupacionales para minusválidos, 50 viviendas tuteladas y 130 residencias de la tercera edad que existen en Castilla-La Mancha.

El consejero de Bienestar Social reconoció que la elaboración de este proyecto de ley está motivada por el cierre, en el pasado mes de enero en Albacete, de una residencia de ancianos privada donde se detectaron graves infracciones, al no haber calefacción, agua caliente ni ventilación en las haitaciones, en las que se hallaron restos de comida.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se personó un mes después como acusación particular en las denuncias presentadas por los familiares de dos personas que fallecieron a las dos semanas del cierre de esta residencia.