El tribunal ratifica así la multa impuesta por la Consejería de la Presidencia del Gobierno canario, que entró en el domicilio y descubrió a 60 personas que jugaban al bingo en todas las dependencias de la vivienda, desde el comedor a la cocina, los dos dormitorios y un patio.

El TSJC entiende que no existía un "simple juego de lotería con beneficios sociales comunitarios", como alegó la acusada, sino que en su vivienda se estaba practicando el juego del bingo conánimo de lucro.

Según se considera probado, el premio establecido para el cartón era de 8.000 pesetas y 1.000 para la línea, quedándose la organizadora 300 pesetas en cada jugada. El tribunal considera además "dudoso" que los beneficios obtenidos se revirtieran en beneficios comunitarios como se alegó.

Además, según entiende, la enorme cantidad de personas que se encontraron en la casa indica que Dolores Martín ejercía una actividad organizada y persistente en el tiempo, ajena a cualquier idea dereunión social o familiar con carácter esporádico.

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