Esta sanción administrativa se añade a una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra que ratificó la condena por coacciones impuesta a un taxista que se negó a prestar servicio a una persona ciega a la que exigió que su perro viajara en el maletero del vehículo.

Los sancionados pretendieron justificar su actuación alegando que las personas ciegas iban acompañadas de otras, por lo que consideraban que el perro guía no ejercía esa función, o que podían ejercer el derecho e admisión.

Sin embargo, las administraciones competentes mantienen que el perro guía desempeña tal condición en todo momento, siempre que cumpla las normas higiénico-sanitarias preceptivas, y que, en ningún caso, puede invocarse el derecho de admisión para justificar una discriminación o denegación de un derecho.

La Asociación de Usuarios y Amigos del Perro Guía mostró su satisfacción por estas resoluciones, pero reclamó a las administraciones autonómicas que resuelvan con mayor agilidad estos epedientes de denuncia y que desarrollen campañas de información, dirigidas a establecimientos privados, de uso público, y a los trabajadores de las administraciones.