El Congreso de los Diputados aprobó ayer la redefinición del delito de violación en el nuevo Código Penal y una enmienda de Izquierda Unida según la cual el Ministerio Fiscal puede personarse como acusación en los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales sin que sea necesario la denuncia de la víctima.

La portavoz de la AAMV, Milagro Rodríguez, llamó la atención sobre el hecho de que la nueva definición de delito de violación, que según el nuevo Código Penal será aquelque consista en "acceso carnal, introducción de objetos o penetración bucal o anal" no se recoja la penetración vaginal como agresión sexual, porque la violación no tiene que ir necesariamente ligada a un resultado de reproducción y de maternidad no deseada.

Respecto al hecho de que el fiscal pueda iniciar una querella contra el presunto violador sin que sea precisa la denuncia de la víctima, Milagro Rodríguez explicó que están de acuerdo si esta enmienda se aplica sólo a menores de edad o a personas on discapacidad psíquica y no a todas las víctimas de agresión sexual, tal como prevé el actual Código Penal.

"Sin embargo, las mujeres mayores de edad son lo suficiente maduras y responsables para saber si quieren o no poner la denuncia", por lo que hay que respetar su libertad y capacidad de decisión al respecto, según la portavoz de la AAMV, quien insistió que desde esta agrupación siempre se trabaja para que las víctimas interpongan una querella.

FISCALES

Por su parte, el presidente de la Aociación de Fiscales, Juan Ortiz Urculo, manifestó a esta agencia que "a simple vista es buena" la enmienda por la que el Ministerio Fiscal puede presentar querella por delitos de agresión sexual sin que sea precisa la enmienda de la víctima.

"A simple vista no veo que haya ningún problema. Me parece que es una forma de perseguir un delito que normalmente queda oculto por una serie de circunstancias íntimas o por temor, y de esta forma se pueden evitar esas impunidades", dijo Ortiz, quien señaló que ndie le ha remitido esta reforma.

Sin embargo, Ortiz Urculo declaró que, a su juicio, hay que tener en cuenta a aquellas víctimas que no quieren denunciarlo y se ven involucradas en un proceso público.