La medida se explica en que estas mujeres se encuentran incluidas expresamente no sólo en el cupo de especial necesidad, sino también en el de emergencia social, previsto para acontecimientos extraordinarios como pueden ser las situaciones de crisis que requieran la intervención pública para procurar alojamiento temporal o permanente.

El anuncio lo hizo el consejero madrileño en una reunión con las concejalas de mujer de la región, a quienes presentólos principales puntos de la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor el pasado 30 de diciembre.

Además del acceso preferente de las víctimas a la vivienda pública, se ha creado un Fondo de Emergencia, dotado de 900.000 euros, para atender con carácter urgente las necesidades económicas básicas de las mujeres, ocasionadas por la ruptura al decidir poner fin a su situación de violencia de género.

La inserción laboral es otro de los objetivos esenciales de la atención integral que se presta a las víctimas, para lo cual se puso en marcha en la Oficina de Empleo de Azca el Punto de Información en materia laboral del Observatorio Regional de la Violencia de Género, donde ya han sido atendidas 733 mujeres, de las cuales 365 ya cuentan con un empleo. Asimismo, a través de la Ley se ha articulado un Programa de Empleo Específico.

La Comunidad también ofrece el apoyo psicosocial, la orientación y asistencia jurídica, al igual que la atención específica de otras manifestaciones de violencia de género que no son la del ámbito doméstico o afectivo como agresiones y abusos sexuales, acoso sexual en el ámbito laboral, tráfico de mujeres y mutilación genital femenina.

Además, la Consejería ha incrementado este año en 22.000 euros la partida destinada a financiar en cada uno de los 47 Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género la prestación de atención psicológica a las víctimas de malos tratos.

El consejero señaló que el número de denuncias por malos tratos registradas en la Comunidad durante el pasado año ascienden a 9.260. Respecto a las órdenes de protección, según los datos de la dirección general de la Mujer, que es el Punto de Coordinación de las órdenes de protección, en 2005, 3.456 mujeres consiguieron una orden de protección u otras medidas judiciales equivalentes.