Las polémicas declaraciones del diputado del Partido Popular y presidente de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, Fernando Fernández de Trocóniz, al sugerir que las mujeres deberían cobrar menores pensiones que los hombres porque viven más años que éstos, suponen aplicar las reglas el mundo de los seguros privados al actual modelo de pensiones públicas.

El sistema público de pensiones, tanto contributivas como no contributivas, es un sistema de reparto, es decir, las pensiones de hoy son sufragadas por los trabajadores de hoy y cuando éstos lleguen a jubilarse percibirán sus pensiones gracias a las cotizaciones de los trabajadores de entonces. Es un sistema basado en la solidaridad intergeneracional.

En cambio, tanto los planes de pensiones como los seguros de vida o de renas vitalicias se basan en la capitalización, es decir, en la acumulación de dinero que un individuo o un colectivo (la plantilla de una empresa, por ejemplo) son capaces de conseguir con el paso del tiempo y con los intereses que la gestión de ese capital produce.

Mientras en el modelo público un hombre y una mujer con idénticos ingresos cotizan lo mismo a la Seguridad Social y luego cobran lo mismo cuando se jubilan, en el ámbito del seguro privado se tienen en cuenta las características biométricas el asegurado.

Del mismo modo que la prima de un seguro de vida de un hombre de 60 años es más alta que la de otro de 40, la prima de un seguro de vida de una mujer es menor que la de un hombre, porque las mujeres tienen mayor esperanza de vida (17 años desde los 65 años, frente a 15 de los hombres).

Desde el punto de vista empresarial, las aseguradoras tienen en España una provisión matemática de 90.000 millones de euros (14,9 billones de pesetas) para cubrir los riesgos. En cambio, el Estado contituyó hace dos años un Fondo de Reserva de Pensiones que en la actualidad tiene 2.428 millones de euros (404.000 millones de pesetas) y el Gobierno espera llegar a final de este año con 3.455,8 millones de euros (575.000 millones de pesetas).

"En definitiva, los sistemas de protección público y privado responden a modelos radicalmente distintos y, del mismo modo que los conductores de automóviles rechazarían que se les impusiera un recargo en el seguro de su coche en solidaridad o para subvencionar alos asegurados motoristas, que registran mucha más siniestralidad, en las actuales pensiones públicas no caben consideraciones biométricas o actuariales, como las apuntadas en tono irónico por Fernández de Trocóniz", indicó uno de los expertos consultados.