Las personas que soliciten el llamado salario de la libertad, deberán presentar una orden de protección judicial, una sentencia o un informe en el que conste que hay indicios de violencia, según informó la Xunta de Galicia.

Además, la mujer debe ser mayor de edad o estar legalmente emancipada, residir en Galicia y demostrar que carece de recursos suficientes para emanciparse de su agresor.

El importe máximo de la prestación, que es de 600 euros mensuales, lo percibirán las mujeres que tengan ingresos inferiores o iguales al Iprem o que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%.

Si la mujer víctima de maltrato cobra rentas superiores al Iprem pero no superan el doble de este salario, recibirá 400 euros al mes.

Esta cantidad se reducirá a 200 euros mensuales cuando tenga ingresos que estén entre el doble y el triple del Iprem. Las ayudas podrán incrementarse en 50 euros más por cada hijo menor de edad que tenga a su cargo.

Las mujeres quedarán obligadas a facilitar toda la información que se les requiera para comprobar que las ayudas recibidas fueron usadas para los fines propuestos, es decir, para emanciparse de su agresor y rehacer su vida.

La Xunta de Galicia destinará un total de 965.000 euros en 2008 para facilitar la independencia económica de las mujeres maltratadas.