"Es una discriminación directa por razón de sexo, de las pocas que quedan afortunadamente, y está absolutamente prohibida por la Constitución", declaró Gonzalo a Servimedia.

En opinión de esta jurista, la actitud de la dirección de la citada clínica es "discriminatoria y vejatoria. El convenio no tenía que haber recogido nunca esa cláusula, pero ahora, con la Ley de Igualdad, las cláusulas discriminatorias desaparecerán".

"Esa discriminación, que es directa, está prohibida desde el año 1978 por nuestra Constitución. También prohíbe ese tipo de discriminación el Estatuto de los Trabajadores, que es de 1980, y, por último, toda la normativa comunitaria en materia de igualdad de trato que se incorporó a nuestro ordenamiento el 1 de enero de 1986, cuando entramos a formar parte de la Unión Europea, también prohíbe estas actitudes".