La mujer, que ejerce la prostitución desde los 17 años y que declaró junto a la propietaria del prostíbulo en el que trabaja, incurrió en ciertas contradicciones, según el juez, con lo declarado en ocasiones anteriores.

El juez añadió que todos los implicados en esta supuesta venta han negado que existiera cantidad económica alguna de por medio en la adopción de la niña.

La pequeña nació el 15 de octubre de 1985, y el 28 de ese mismo mes fue entregada a un matrimonio afncado en Barcelona, a través de una vecina de la madre, que se hizo cargo de la menor horas después de su nacimiento en el Hospital Clínico Universitario de Granada.

La denuncia de la supuesta irregularidad en la adopción partió de la actual compañera del marido de la mujer que adoptó a la pequeña, matrimonio que se rompió poco después de recibir a la niña.

La investigación del caso comenzó en el año 1989, al intentar inscribir a la pequeña en el Registro Civil de Granada.

El abogado de la mdre natural, Juan de Dios Casas, afirmó que su cliente no pudo hacerse cargo de su hija al carecer de recursos económicos y por considerar que el ambiente que le rodeaba no era apropiado para su educación.

Una vez que se produjo la ruptura del matrimonio granadino adoptante, la pequeña fue internada en un centro de la Dirección General de Atención a la Infancia de Barcelona.

El juez instructor del caso, Manuel María Benito, afirmó que, según se desprende de las investigaciones, existe un document de cesión de la menor que fue tramitado en su día por un abogado de esta ciudad, cuya identidad no quiso revelar.

Las personas implicadas en este proceso pueden haber incurrido en un delito de exposición de menores con usurpación de su personalidad civil, por lo que el juez puede decretar una pena de entre 6 meses y 6 años de prisión, además de importantes multas.