La Oficina del Defensor informó hoy de que esta recomendación ya se efectuó a comienzos del mes de marzo, a la vista de la marcha del citado proceso y los problemas surgidos con personas que pueden demostrar que se encuentran en España desde antes de agosto de 2004, pero que no disponen de un certificado de empadronamiento por diversos motivos.

La Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración comunicó entonces que no aceptaba la recomendación, ante la imposibilidad de proceder a una modificación del real decreto que regula el proceso de normalización antes de la fecha prevista para el final del mismo, el 7 de mayo próximo.

Tras analizar esta respuesta de la Administración, Múgica se ha dirigido de nuevo a la Secretaría de Estado de Inmigración para insistirle en que "admitir únicamente el certificado de empadronamiento como única prueba de la residencia en España antes de agosto de 2004 impide que muchas personas que estaban en España antes de esa fecha y pueden demostrarlo con documentos públicos (declaraciones de entrada, trámites de expulsión, actas notariales, diligencias en oficinas públicas, solicitudes de extranjería, etc.) queden fuera de ese proceso, por un mero requisito burocrático".

Además, el Defensor del Pueblo recuerda que tras la última reforma de la Ley de Extranjería, a finales de 2003, muchos inmigrantes no se empadronaron por temor a que la policía pudiera detectar su situación de irregularidad a través del padrón municipal.

Finalmente, Múgica pide a la Secretaría de Estado de Inmigración que si no puede moficiar el real decreto que regula el proceso de normalización, promulgue una norma que complete los medios de prueba admisible para la acreditación de la residencia.