Esta es una de las 17 sugerencias que recoge el informe sobre el primer año de aplicación de la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, dado a conocer hoy por el propio Múgica durante su comparecencia en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Defensor del Pueblo.

El Defensor, que dijo que durante el pasado año fueron detenidos 22.906 menores de edad la mayoría por robo, denunció como "puntos controvertidos" de esta ley el trámite "innecesario" de que sea el secretario judicial el que designe al abogado de oficio del menor, y no el fiscal que instruye el procedimiento, así como la presencia de un segundo fiscal cuando el menor no tiene tutor.

Además, añadió Múgica, "sería conveniente que la ley contara con un procedimiento más abreviado que el previsto para la tramitación de las infracciones penales más leves".

Múgica también denunció el trao, a veces inadecuado, que se da a los menores víctimas del proceso, por lo que pidió a la Fiscalía General del Estado que insten a los jueces a utilizar medios audiovisuales que eviten la confrontación visual entre el testigo menor de edad y el menor infractor.

Otros datos recogidos en el informe son los 59 centros de internamientos que existen en España con 1.380 plazas y los casi 220 euros de media que cuesta el internamiento del menor.

En este sentido, el Defensor denunció la carencia de recusos humanos y materiales para la aplicación de esta ley y recordó la recomendación efectuada por el Comité sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, que en su informe sobre España del pasado 7 de junio destacaba la importancia prioritaria de que cada Administración haga las previsiones presupuestarias necesarias pra que puedan ser suplidas ests carencias.

Por otro lado, Múgica defendió la aplicación de esta ley a aquellas personas de entre 18 y 21 años que hayan cometido delitos menores, en vezde aplicarles el Código Penal.

Tanto los diputados y senadores del PSOE, como CiU, Coalición Canaria y PNV coincidieron en señalar las dificultades que entraña la aplicación de esta ley por la falta de recursos humanos y materiales. Precisamente esta carencia de medios es la que argumentaron los grupos parlamentarios para rechazar la aplicación de esta ley a los acusados de pequeños delitos que tengan entre 18 y 21 años.