El ministro, que hizo esta afirmación en el pleno del Congreso durante una interpelación del PNV, sólo contó con el respaldo del Grupo Popular. Su portavoz, Santiago López Valdivieso, calificó de "suficiente" la actual normativa sobre objeción de conciencia.

Enrique Múgica manifestó que el Gobierno no planteará "en ningún caso" una revisión de la actual disposición que implique el reconoimiento de la objeción sobrevenida.

"Unicamente trataremos de mejorar la capacidad de gestión de la Oficina de Prestación del Servicio Social Sustitutorio, para que todos los objetores puedan incorporarse rápidamente a sus destinos y cumplir el servicio de forma eficaz", precisó.

Múgica negó que el Ministerio de Justicia esté persiguiendo a los objetores. "Sólo vamos contra los insumisos y desertores, porque los consideramos insolidarios con los que cumplen con la legalidad vigente", indicó.

Todos los grupos de la oposición, a excepción del Popular, instaron al Ejecutivo a que adopte medidas para solucionar los problemas que está ocasionando la ley de objeción. Entre ellas, coincidieron en solicitar el reconocimiento de la objeción sobrevenida.

Joseba Zubía, por el PNV, consideró necesaria una "reforma en profundidad" de la ley, en la que desaparezcan los "recelos" que hay hacia los objetores.

Lluís Recoder, de Convergència i Unió, pidió una modificación de la ley que contemple una euiparación temporal de la prestación social con el servicio militar y la regionalización de esta prestación, así como la objeción sobrevenida.

"Es necesaria una ley progresista y no restrictiva, una normativa que no suponga una carrera de obstáculos permanente para quien quiere ejercer un derecho reconocido en la Constitución", precisó el portavoz catalán.

EJERCITO PROFESIONAL

El representante del CDS, Santos Miñón, defendió la creación de un ejército profesional, ya que con este nuevo modelo, ijo, se suprimiría el servicio militar obligatorio y, con ello, la prestación social.

Joan Armet, de Izquierda Unida, manifestó que la ley de 1984 tiene "graves defectos", pero "hacemos un llamamiento explícito a los jóvenes a usar esta normativa mientras no sea modificada la vigente".

"No obstante", puntualizó, "entendemos que por el vacío legal existente se tomen medidas determinadas", en referencia a los recientes casos de deserción e insumisión aparecidos en el país.

En el mismo sentido e expresó Joseba Azkárraga, de Eusko Alkartasuna. Para su formación, merecen un "gran respeto" los que están dispuestos a ir a prisión "por negarse a vestir uniforme militar. Son un buen ejemplo para quienes apostamos por una sociedad desmilitarizada y por un mundo sin ejércitos".

"Hoy, cuando acabamos de cumplir el 42 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos encontramos con los primeros presos de conciencia desde el final de la dictadura", agregó.

Según los datos faciitados hoy por el titular de Justicia, en España hay actualmente reconocidos 58.163 objetores. De ellos, 30.419 están en régimen de disponibilidad para prestar el servicio social. Para el presente año, hay disponibles 11.351 plazas.

En cuanto al número de insumisos, el ministro informó que existen hasta la fecha un total de 34 ausentes, 225 no incorporados y 2 incorporados con retraso.