La oficina que dirige Enrique Múgica ha constatado que ésta es una práctica "generalizada" y anuncia ue se ha dirigido a todas las Administraciones educativas para que inspeccionen los centros privados financiados con fondos públicos, con el fin de comprobar que respetan el régimen de conciertos.

Según el informe, muchos cobros se presentan como "donaciones supuestamente voluntarias" o se obtienen a través de organizaciones, fundaciones o asociaciones de padres de alumnos interpuestas.

El Defensor explica que las autoridades reconocen que esta práctica es habitual, pero que los centros aducen qu emplean estos mecanismos porque los conciertos no les alcanzan para financiar el coste real de cada puesto escolar y tienen que recurrir a "estrategias que, cómo mínimo, bordearían la legalidad".

"Todo parece apuntar", añade el documento, "que se trata de un problema real y generalizado, que si permanece de alguna manera soterrado y no se ha hecho más explícito es muy posiblemente porque los padres de los alumnos son conscientes de que el desembolso que realizan es, en todo caso, muy inferior al que e derivaría del abono de las enseñanzas en un centro privado no concertado".

Múgica también cree que estos desembolsos se aceptan porque vienen a constituir un mecanismo de selección indirecta de alumnos, que contribuye a alejar de estos centros a niños procedentes de entornos sociales desfavorecidos, de familias inmigrantes o de minorías étnicas.