"No se entiende que aún se pueda adquirir libremente tanta arma prohibida en establecimientos abiertos incluso a menores de edad. Sería conveniente mandar un mensaje firme del Estado democrático de la persecución de estas conductas de criminalidad armada", señala en un comunicado, tras lamentar los recientes asesinatos de dos jóvenes en Madrid y un herido grave, en sendas peleas entre bandas callejeras.

También denuncia "un importante déficit de investigación policial al respecto, radicado en los insuficientes efectivos especializados para acometer tamaña tarea. También se constata que las resoluciones judiciales de ilegalidad de estos grupos no tienen gran consecuencia pues sus organizadores deberían estar en prisión según nuestro Código Penal y no sucede así. En el caso de crímenes salvajes cometido a veces por menores, la Ley de Responsabilidad Penal del Menor con una respuesta que el delincuente y su banda interpretan de escasa sanción efectiva, genera una potencialidad para que muchos de esos delitos sean cometidos por jóvenes menores de 18 años".

Asimismo, lamenta "la inexistencia de una política de juventud para la prevención y deslegitimación de la violencia, que se debe de realizar tanto en el ámbito educativo, en los medios de comunicación y sobre todo hora en las redes sociales e internet, donde muchos adolescentes y jóvenes se socializan en dinámicas de violencia y comportamientos aberrantes de poder y relación, incluidas las sexistas".

"Estos grupos o bandas son ilegales, sus acciones son ilícitos penales y su realidad debe de ser erradicada, de lo contrario esto persistirá, y corremos el riesgo de su desarrollo y extensión de conflicto entre ellos y en su derivada, de una creciente afectación al conjunto de los jóvenes, la sociedad y a la convivencia cívica", concluye el comunicado.