Así lo ha anunciado el Consejo de Europa en un comunicado en el que precisa que la denuncia se registró el 4 de junio y abarca los artículos 1 (derecho al trabajo), 7 (derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección), 13 (derecho a la asistencia social y médica), 15 (derecho de las personas con discapacidad a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad), 16 (derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica), 17 (derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección social, jurídica y económica), 27 (derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato), 30 (derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social), 31 (derecho a la vivienda) y E (no discriminación) de la Carta Social Europea revisada.

La entidad alega que “determinadas” disposiciones de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, “prevén toda una serie de requisitos para la concesión y el mantenimiento de esta prestación” que “violan” las disposiciones de dicha Carta.

En “particular”, se “queja” de la “insuficiencia” de los importes asignados a esta prestación, de los requisitos de edad o de residencia legal, de los plazos de asignación y de los procedimientos de revisión anual que, a su juicio, “a veces conducen a la restitución de los pagos indebidos”, lo que, según su criterio, “agrava la situación vulnerable de algunos beneficiarios”.

Por último, considera que esta medida y su aplicación “confirman el trato discriminatorio de las personas más desfavorecidas de la sociedad”.