Así consta en un acuerdo aprobado por unanimidad por la Asamblea de Representantes del Cermi, máximo órgano de gobierno de la entidad, en el que pide que se “minimicen las discrepancias en aras al interés general”, de modo que este acuerdo pueda ser adoptado por un amplio consenso.

Para el movimiento Cermi, “la propuesta de acuerdo de mínimos supone un avance respecto de la situación actual de graves carencias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, actualizando y ampliando unos parámetros que, con el debido soporte financiero de los poderes públicos corresponsables, permitirá orientar el Sistema hacia mayores cotas de protección social, de acuerdo con modelos más promotores de la autonomía personal y mejorando el marco y condiciones del personal profesional de atención”.

Paralelamente, el movimiento Cermi pidió al Estado que asegure por todas las vías posibles -reforzando notablemente el nivel acordado- los recursos económicos necesarios, de forma sostenida durante la vigencia del acuerdo, para que todas las exigencias e indicadores contenidos en el mismo puedan verificarse por las Administraciones gestoras del SAAD.

Finalmente, reclamó también que los tejidos asociativos de la discapacidad y de las personas mayores sean considerados y tratados como operador social legitimado y partícipe en el proceso de aplicación del acuerdo, en representación de los grupos cívicos destinatarios de la Ley 39/2006.