Cerca de medio millar de abogados de oficio, de los 4.500 de la Comunidad de Madrid, convocados por las asociaciones Altodo, Apaem y ALA, se reunieron hoy en el salón de actos de los juzgados de la Plaza de Castilla, para denunciar la precaria situación en la que se encuentran.

El citado colectivo está dispuesto a "colapsar" en los próximos dos meses la justicia madrileña si la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, que dirige Francisco Granados, no da una respuesta satisfactoria a sus reivindicaciones, según señaló a Servimedia el portavoz de la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo), Isidro Moreno.

Los abogados asistentes a la reunión de hoy culpan al Gobierno regional de su situación porque, según dicen, la Comunidad de Madrid pretende "privatizar" el turno de oficio y dárselo a los "grandes despachos" de abogados, quiere "impedir" la tutela efectiva a los extranjeros que necesiten abogado de oficio con "subterfugios" legales; y no paga desde hace ocho meses sus honorarios, aunque en este asunto también tienen conflicto con el Ministerio de Justicia.

MOCIÓN DE CENSURA

Pero no sólo el Gobierno de la Comunidad de Madrid fue el centro de las iras del citado colectivo, también recibió duras críticas el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, del que piden su dimisión y promover una moción de censura como abogados colegiados.

Los responsables de las tres asociaciones convocantes a la reunión acusaron a Hernández-Gil de "connivencia" con el Gobierno de Aguirre y de no apoyar a la mayoría del colectivo al que representa, como es el caso de otros Colegios de Abogados, tales cómo Gijón (Asturias) o La Coruña (Galicia).

"Si los jueces pueden hacer huelga, nosotros también", fue una de las frases más aclamadas en la asamblea de abogados de oficio, junto con la ironía de: "si Granados tiene problemas, ahora va a tener más", en referencia al presunto caso de espionaje que planea sobre el Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Los abogados mandataron a sus representantes para que soliciten una reunión con el consejero de Justicia, Francisco Granados, para que reclamen el apoyo del Colegio de Abogados y también del Consejo General de la Abogacía en sus reivindicaciones y para convocar movilizaciones, encierros y huelga si no prosperan los intentos de negociación.