Ramírez se refirió a l existencia de un decreto aprobado por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat el pasado mes de julio, que permitiría a los Mossos d'Esquadra paralizar, "aunque no precintar", los vehículos que no tengan las licencias necesarias para cubrir determinadas rutas.

Según el director general de Transportes, la policía autonómica podría basarse, según el decreto, en los libros de ruta de los autocares y en la posible repetición de itinerarios para impedir que estos vehículos continúen su trayecto.

Por ota parte, la Generalitat abrió hoy un expediente sancionador a la empresa Bus Expres, con sede en Cornellà (Barcelona), que contrató el autobús siniestrado en Torreblanca (Castellón), por obstruir la inspección. La multa impuesta a Bus Expres, de 430.000 pesetas, es por una falta de carácter muy grave.

El plazo de que disponía la empresa para entregar la documentación requerida por Transportes finalizó la pasada medianoche, sin que ningún responsable de Bus Expres la presentara.

Los responsables d la compañía aseguradora del autobús accidentado, Patria Hispana, se reunieron hoy en Madrid para tratar las presuntas irregularidades cometidas, como la falta de revisión de la ITV y la falta de licencia para recorridos superiores a cien kilómetros.

Un portavoz de la compañía aseguró que los damnificados cobrarán las indemnizaciones correspondientes, a pesar de que aún no se ha decidido quién las pagará.

Por otro lado, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) anunció hoy que tiene la inteción de llevar el caso del accidente de Torreblanca, en el que murieron 45 personas, al Parlamento autonómico cuando se reemprenda la actividad parlamentaria.

Jaume Sobrequés, portavoz socialista, dijo que su partido presentará una interpelación dirigida al Gobierno de la Generalitat, para que informe sobre las competencias de la Administración catalana en materia de transportes.