Los administradores de fincas celebraron hoy unas jornadas en las que propusieron una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que regula el régimen jurídico de la vivienda. Su propuesta será elevada a los ministerios de Vivienda yde Justicia y a los grupos parlamentarios para intentar que la lleven adelante.

Muñoz Flores y varios presidentes de algunas audiencias provinciales explicaron que en la actualidad se están dictando sentencias en las diferentes comunidades autónomas que dan respuestas distintas para un mismo conflicto relacionado con las comunidades de propietarios, por lo que creen que "es el momento de acometer una reforma en profundidad de la Ley de Propiedad Horizontal".

Entre las medidas de esta reforma, piden mayor rigurosidad y contundencia con los morosos. Vicente Magro Servet, presidente de la Audiencia Nacional de Alicante, explicó que la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal de 1999 permitió reducir la deuda en gastos de comunidad de los 180,3 millones de euros de 1997 a 54 millones de euros en 1999.

Según Muñoz Flores, la morosidad en las comunidades de propietarios es "residual", pero permanente, situándose en 2004 en alrededor de 36 millones de euros. Manifestó que es muy difícil calcular el volumen económico que mueven las comunidades de propietarios de viviendas, pero dijo que el presupuesto medio de una comunidad está en España entre 10 y 12 millones de las antiguas pesetas.

Según Muñoz Flores, la mayoría de los casos relacionados con las comunidades de vecinos que llegan a los juzgados están relacionados con la morosidad. No obstante, dijo que los problemas que llegan a los tribunales son "situaciones absolutamente excepcionales", ya que la mayor parte se solucionan sin tener que recurrir a esa vía.

PROFESIONALIZAR LA GESTION

Los administradores de fincas reclaman también una profesionalización de la gestión de las fincas, de manera que sea llevada por profesionales de la administración de fincas y no por cualquier propietario de una vivienda, lo que está provocando que se produzcan, según Muñoz Flores, muchos errores en la gestión.

Además, piden que se reduzca la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos para establecer instalaciones y servicios de interés general que mejoran la accesibilidad a las personas mayores o con dificultades de movilidad, como ascensores y rampas, por ejemplo, que actualmente es de tres quintas partes de los propietarios. Los administradores de fincas proponen que baste con el voto favorable de la mayoría.