Moreiras considera que, con estas auditorías, se produjo una "ocultación" de los hechos que, de no haber existido, habría evitado que muchas personas pusieran sus fondos a disposición de la coopeativa de viviendas.

La auditoría de 1991 señalaba, concretamente, que las cuentas anuales reflejaban "la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de PSV". El juez considera que la consultora pudo incurrir en los delitos de falsedad en documento mercantil e imprudencia temeraria como cooperadores necesarios de los delitos de apropiación indebida y de estafa imputado a los restantes querellados

El auto del juez Moreiras afirma que los cooperativistas "no habrían sufrido tan graves pejuicios si los auditores de esas entidades les hubieran informado claramente, de forma inteligible para ellos de la situación real".

La decisión del juez Miguel Moreiras es opuesta a la del fiscal, que se había manifestado en contra de conceder la ampliación de la querella.

Sin embargo, el polémico juez recuerda en su auto que las irregularidades detectadas en la auditoría de PSV realizada por Ernst & Young sobre el ejercicio 1991 merecieron para esta firma una sanción del Instituto de Contabilidd y Auditoría (ICAC) de 71.128.000 pesetas.