Entre estas empresas se encuentran Alcatel Ibertel, Beta Capital, Metrovacesa, Jet Services, Editorial Magisterio y otras de menor notoriedad hasta un total de unas 250.

En el auto hecho público por el juez de Delitos Monetarios se explica que el sobreseimiento de estas empresas se debe a que se trata de empresas que no han incurrido en delito fiscal ya que sus cuotas por IVA e impuesto de sociedades no superan los 5 millones, o silos han superado se han acogido a la regularización fiscal reduciendo sus cuotas a cero o por debajo de los 5 millones.

Sin embargo, el auto manifiesta que las restantes empresas contra las que sigue el procedimiento presentan cuotas superiores a los 5 millones, o cuotas que no han podido ser cuantificadas. En este segundo grupo se encuentran todas aquellas empresas que compraron inmuebles mediante sociedades interpuestas en las que la investigación se dirigirá a la empresa vendedora del inmueble.

El juez Moreiras considera que las empresas sometidas a investigación no deben ser penalizadas por el hecho de haber utilizado facturas falsas sino por el objetivo último de estas acciones, es decir, defraudar a Hacienda, y siempre que la cuota supere los 5 millones de pesetas, o que la regularización no haya reducido la cuota por debajo de esos 5 millones.