En el texto de la querella, los abogados de KIO en España acusaban a De la Rosa, Narciso de Mir, Jorge Núñez, Juan José Folchi, Miguel Soler, Fahad Al-Sabah y Fouad Jaffar de varios delitos de falsedad en documento público, estafa, apropiación indebida, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y delito fiscl.

La deicisón judicial supone un revés para los actuales gestores de Torras-KIO, encabezados por Mahmoud Al Nouri y Luis Vañó, que pretendían, con esta querella, responsabilizar de la actual situación patrimonial del grupo a los anteriores responsables de su gestión, y para el propio fiscal generasl del Estado, Eligio Hernández, que informó al juez a favor de aceptar a trámite la querella.

Moreiras señaló hoy a su salida de la Audiencia Nacional que el procedimiento más adecuado para resolver elasunto es la suspensión de pagos que ya está siendo instruida por los juzgados de Madrid, y de la que es posible depurar las posibles responsabilidades de los anteriores gestores de Torras sobre su situación de suspensión de pagos.

Además, el titular del juzgado central número 3 de la Audiencia Nacional advierte en el auto que los supuestos delitos de los que se acusa a Javier de la Rosa y su equipo durante el tiempo que dirigió Torras no están recogidos en el Código Penal, ya que se derivan del ejerccio de gestión empresarial para la que estaban delegados.

NO HAY DELITO

"No existe pues", señala el juez textualmente, "la posibilidad legal de imputar a los querellados unos delitos que no están previstos en nuestras leyes penales".

Sin embargo, advierte que el procedimiento por suspensión de pagos del Grupo Torras es lo suficientemente universal como para que se personen en él todas las personas físicas o jurídicas que hayan podido verse afectadas económicamente por las supuestas irregularidaes que se imputan a Javier de la Rosa.

En el supuesto de que los juzgados de instrucción autorizaran la insolvencia fraudulenta del grupo Torras de acuerdo con la infracción del actual Código de Comercio, Moreiras entiende que sí sería posible imputar a los querellados algunos de los delitos de los que se les acusa.

Con ese fin, Moreiras aprovecha su auto para declararse competente en el caso, por lo que cualquier actividad delictiva que pudiera derivarse de la instrucción por suspensión de pagosvolvería a ser vista por el titular de delitos monetarios de la Audiencia Nacional.

PERDIDAS Y PARO

Los nuevos gestores de Torras, designados directamente por la agencia estatal de inversiones kuwaití (KIO) acusan a De la Rosa y el resto de directivos del grupo de haber originado unas pérdidas de 400.000 millones de pérdidas, y de apropiarse indebidamente de unos 50.000 millones, al tiempo que piden explicaciones de otros 70.000 que no están claramente reflejados en los libros de contabilidad del "hlding".

La mala gestión que, según KIO, realizaron Javier de la Rosa y su equipo es la causante de la actual suspensión de pagos del grupo, que pone en peligro la continuidad de unos 30.000 empleos directos y unos 70.000 indirectos.

La situación del grupo ha originado serios problemas de tesorería en "subholdings" como Ercros, también en suspensión de pagos, cuyo deterioro industrial está provocando la intervención de los ministerios de Industria y de Trabajo, para facilitar una solución negociad con los sindicatos.

Los motivos que están llevando a las autoridades económicas a intervenir en el conflicto es la fuerte tensión originada por la crisis de Torras y sus empresas en algunas zonas del país, como en Cartagena, donde varias decenas de trabajadores mantienen una huelga de hambre desde más de una semana.

A su vez, la crisis de Torras está motivando la reacción de varios gobiernos regionales, como los de Castilla y León, Murcia y Andalucía, que ya han suscrito varios acuerdos con los gentes sociales de estas comunidades autónomas para exigir soluciones a la Administación central.