Moreiras podría haber cometido dicha falta disciplinaria en una entrevista publicada el pasado domingo por el diario "ABC", en la que explicaba su decisión de poner en libertad al ex presidente de Banesto Mario Conde pocas horas desués de haber ordenado su ingreso en prisión en relación al 'caso Argentia Trust'.

En esa entrevista, el magistrado revelaba que Conde le había convencido de que los 600 millones de pesetas de Banesto de los que el fiscal acusó a Conde de haberse apropiado fueron entregados al intermediario Antonio Navalón para pagar al PSOE con el fin de lograr exenciones fiscales.

Esto motivó que el abogado de Navalón interpusiera una denuncia contra Moreiras, que fue estudiada hoy por la Comisión Disciplinaria el CGPJ junto con las explicaciones dadas por el magistrado al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, sobre esos hechos.

Al término de la reunión, que se prolongó por espacio de tres horas, el presidente de la Comisión Disciplinaria, José Antonio Zarzalejos, explicó que este organismo había adoptado la decisión de abrir expediente disciplinario a Moreiras de acuerdo con una propuesta en ese sentido del Servicio de Inspección del CGPJ.

Agregó que dicha medida fue adoptada por unanimiad de los integrantes de la comisión, formada por Zarzalejos, José Antonio Marín Rico, José Francisco Dávila, José Antonio García Caridad y Antonio Robles Acera.

Además, señaló que la Comisión Disciplinaria decidió nombrar como instructor del expediente disciplinario contra Moreiras al magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo Pablo Cachón Villar.

Asímismo, "por respeto a la función jurisdiccional de todos los órganos de la Administración de Justicia y dada la trascendencia de ciertas acttudes que se han producido ante la opinión pública", que, según Zarzalejos, han ocasionado alarma social, la comisión también acordó informar de estos hechos al próximo pleno del CGPJ, al que elevará todos los antecedentes disponibles.

El presidente de la Comisión Disciplinaria señaló que ante esta decisión el juez Moreiras puede interponer un recurso y agregó que el instructor del expediente disciplinario dispone de 6 meses de plazo para emitir su resolución.

SEPARACION

Según recoge la Ley Orgnica del Poder Judicial, en el caso de que el CGPJ considere que Moreiras incurrió en una falta grave, podría ser sancionado con una reprensión o multa, mientras que si acuerda que cometió una falta muy grave, podría ser castigado con suspensión temporal, traslado forzoso o separación de la carrera judicial.

La misma ley indica en su artículo 424 que el instructor del expediente contra Moreiras podrá proponer a la Comisión Disciplinaria del CGPJ, previa audiencia del propio Moreiras y del fiscal, la sspensión provisional del magistrado en el caso de que detecte indicios racionales de la comisión de una falta muy grave.

Precisa que el instructor podrá proner cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos, tras lo cual deberá formular, si procede, un pliego de cargos en el que expondrá los hechos imputados, notificándoselo al juez de la Audiencia Nacional para que en el plazo de 8 días lo pueda contestar y proponer la prueba que precise.

Después de realizar estos trámies, el instructor, previa audiencia del fiscal, formulará la propuesta de resolución, de la que dará traslado al juez Moreiras para que en el plazo de 8 días alegue lo que considere. Finalmente, remitirá lo actuado al CGPJ para que adopte, en su caso, la sanción acordada.

La Ley Orgánica del Poder Judicial también indica que en el caso de que durante la tramitación del expediente disciplinario contra Moreiras fuera incoada una causa penal contra el magistrado por los mismos hechos, el expediente deber ser suspendido y agrega que en ningún caso el juez podría ser objeto de un posterior expediente disciplinario si es sancionado en causa penal.

Esto podría ocurrir si el próximo día 25, la Junta de Fiscales de Sala, convocada por el fiscal general del Estado, Carlos Granados, acuerda iniciar acciones penales contra Moreiras, después de que el Gobierno instase a la fiscalía a actuar contra el magistrado al considerar que podía haber cometido los presuntos delitos de revelación de secretos y prevaricacin.