Según informaron fuentes de la Audiencia Nacional, Moreiras mantiene que esas empresas, entre las que figuran Alcatel Ibertel, Beta Capital, Metrovacesa, Jet Services y Editorial Magisterio, no deben ser penalizadas ya que posteriormente regularizaron su situación fiscal.

La eculpación afectó a las sociedades cuyas cuotas por IVA e impuesto no superan los 5 millones de pesetas y aquellas que exceden de esta cantidad pero se han acogido a la regularización fiscal reduciendo las cuotas a cero o por debajo de los 5 millones.

Moreiras decididó no obstante continuar el procesamiento contra las empresas que superaron la citada cantidad sin regularizar su situación fiscal y las que compraron inmuebles mediante sociedades interpuestas.

La fiscalía recurrió el auto por consideaar que la existencia de delito fiscal no se anula por el hecho de que el autor del fraude a Hacienda haya regularizado su situación tributaria, de acuerdo con lo que se deduce en el artículo 349 del Código Penal, referente a este tipo de infracciones.

El ministerio público mostró también su disconformidad con Moreiras por estimar que los delitos de falsedad cometidos por las empresas emisoras y compradoras de facturas falsas eran un medio para realizar otro delito.

El juez ha rechazado, no obstate, la argumentación de la fiscalía que ya ha anunciado su decisión de recurrir en queja ante la Sala.

Mientras tanto, Moreiras prosigue con las investigaciones y a partir del próximo lunes citará a declarar a los representantes de las cerca de 200 empresas implicadas en la causa.