Este sumario nació tras la denuncia por los delitos de estafa, falsedad documental y maquinación para alterar el precio de las cosas presentada en 1991 por un grupo de pequeños accionistas por la venta a la multinacional Krepo, por parte de Macosa, de un terreno junto a la Villa Olímpica de Barcelona.

En el caso estaba inculpado el ex subsecretario de Industria, Eduardo Santos, a quien los querellantes acusan de apropirse de unos 1.000 millones de pesetas de la sociedad.

El juez Moreiras señala en su resolución que no ha lugar al auto de reforma interpuesto por el fiscal y por la acusación contra el archivo de la causa ni a la práctica de las diligencias solicitadas con anterioridad por ambas partes, ya que estima que las realizadas en su día fueron suficientes y que no existe delito.

Entre las nuevas diligencias solicitadas por las partes figuraba la petición de declaración de Alfonso Escámez, que entonces er presidente del Banco Central, entidad que condonó a Macosa una deuda de 1.467 millones de pesetas correspondiente a los intereses de un préstamo. Además, habían pedido que el juez investigase las ayudas del Estado a Macosa.