Moreiras afirma en el escrito que no ha lugar a adoptar medidas cautelares de aseguramiento de la responsabilidad personal ni patrimonial sobre De la Rosa y los demás querellados en este caso, "toda vez que no constan en autos nuevos hechos hasta el momento que justifiquen la adopción de tales medidas".

La decisión del magistrado coincide íntegramente con el escrito presentado el pasado 22 de julio por el fiscal jefe de a Audiencia Nacional, José Leopoldo Aranda, oponiéndose a la adopción de medidas cautelares contra De la Rosa, que fueron solicitadas por la representación del Grupo Torras S. A. el pasado 8 de julio.

El grupo kuwaití pidió entonces que, a la vista de que las diligencias practicadas confirmaban, a su juicio, los indicios de estafa, apropiación indebida y falsedad imputados a los querellados, era conveniente decretar la prisión incondicional para De la Rosa o, subsidiariamente, la imposición de una fiaza de 1.500 millones de pesetas en metálico para eludir la prisión.

Asimismo, solicitó que le fuese prohibida la salida del territorio nacional con la retirada de su pasaporte y que fuera sometido a vigilancia policial constante para evitar su salida del país. También exigió a todos los querellados solidariamente la prestación de una fianza de 100.000 milones de pesetas o, en su caso, el embargo de sus bienes.

La representación del Grupo Torras basaba su petición en que los hechos imputados a De a Rosa tienen un carácter "muy grave", así como en que a la alarma social que produjeron y que todavía persiste con "titulares diarios en todos los medios de comunicación" ahora se une a la alarma social que provocan las noticias sobre su intervención en Gran Tibidabo.

Agregaba que, además, los medios informativos habían desvelado que De la Rosa posee un patrimonio personal cercano a los 20.000 millones de pesetas, mientras que adeuda a Hacienda centenares de millones.

En el auto, Moreiras recuera, sin embargo, que a pesar del "alboroto" producido en la Junta General de Accionistas de Gran Tibidabo, ni éstos ni la Hacienda Pública han ejercitado, hasta la fecha, ninguna acción penal contra De la Rosa en ese juzgado.

Afirma, además, que las informaciones que pueden aparecer en los medios de comunicación, "aunque sean los titulares diarios", no tienen la condición de hechos probados en una causa penal, ya que ni han sido incorporados a los autos con las garantías procesales y jurídicas que estalece el ordenamiento jurídico ni están acompañadas de soporte documental "mínimamente fiable que acredite la veracidad de tales imputaciones".

Agrega que la alegación de los querellantes al derecho de todos los ciudadanos a la tutela judicial efectiva "entra en abierta contradicción cuando se pretende inculpar a determinadas personas en base a informaciones de medios de comunicación".

En su opinión, dejar a los inculpados al juicio de los medios de comunicación "es opuesto sustancialmente" a los rincipios del Derecho "por lo que de ninguna manera pueden basarse las resoluciones judiciales en alegaciones como las realizadas por los querellantes, consistentes en las tan referidads informaciones de los medios de comunicación de las que ni se conoce su origen ni ha sido hasta la fecha mínimamente acreditadas".