Durante su comparecencia ante la Comisión de Cooperación del Congreso de los Diputados, Moratinos aseguró que la posición sobre las bombas de racimo es "muy sensible" y que el Ejecutivo español está presente en el grupo de trabajo de Oslo, aunque por el momento no ha tomado decisión alguna.

Explicó que Esteriores está "valorando iniciativas" con el Ministerio de Defensa para "ir reduciendo al máximo la utilización o fabricación de estas bombas", aunque reconoció que "no hay una decisión".

Su objetivo es lograr una "iniciativa conjunta de Exteriores y Defensa" que se presentaría en "un próximo futuro" para la "eliminacion y moratoria de bombas de racimo".

España produce y dispone de armas de racimo. Varias empresas las fabrican, aunque la falta de transparencia en el comercio español de armamento hace imposible saber a dónde las venden.

Además, el Ejército español, según reconoce el Ministerio de Defensa, tiene un arsenal limitado de este tipo de armas. En concreto, el Ejército del Aire posee los modelos CBU-100B (Rockeye), importada de EEUU; la antipista BME-330, y la granada de mortero MAT-120, ambas de fabricación nacional.

La postura española resulta contradictoria, según organizaciones internacionales como Greenpeace y Amnistía Internacional, puesto que la desactivación de estas bombas es, precisamente, una de las tareas que deben asumir los soldados españoles desplegados en misiones de mantenimiento de la paz.

Una bomba de racimo es aquella que en su interior contiene docenas de submuniciones que son expulsadas en su trayectoria cayendo sobre una amplia superficie.

Estas submuniciones deberían estallar al chocar contra el suelo, pero entre el 5 y el 30 por ciento de ellas no lo hacen.

Un informe de Handicap Internacional ha demostrado documentalmente la muerte de más de 11.000 civiles por las bombas de racimo, aunque se cree que la cifra total se aproximaría a los 100.000.