Según informaron portavoces ministeriales, la decisión del MOPTMA está basada en la aplicación de la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones, en la que se señala que la autorización y regulación de este tipo de redes corresponde a la Administración del Estado, "que detenta competencias exclusivas en la materia".

El equipo de telecomunicaciones de Borrell asegura respetar la sentencia del Tribunal Constitucional que permite la onstrucción y explotación de redes de televisión por cable en España, en tanto no exista legislación específica, pero advierte que "el concurso convocado por el Ayuntamiento de Barcelona no puede considerarse amparado por esa sentencia".

El motivo, añade el MOPTMA, es que en la convotaria del concurso "expresamente se mencionan en el pliego de condiciones técnicas todo un conjunto de servicios de telecomunicación (conmutación para transmisión de datos, servicios interactivos, acceso a otras redes, etc que no pueden bajo ninguna manera incluirse bajo la rúbrica de televisión".

Para el ministerio, "el desarrollo de las telecomunicaciones por cable debe ser dirigido en el marco del actual proyecto de ley que se debate en el Congreso de los Diputados", y "sólo la TV por cable es exceptuable en base a la decisión del Constitucional".

Al margen de esta consideración legal, la Secretaría General de Comunicaciones del MOPTMA ha estimado que el desarrollo no regulado de redes de cable afectaría negatiamente a la consolidación de un sector de telecomunicaciones moderno que pretenda ser competitivo en un entorno liberalizado, como el que se generará en Europa a partir de 1998.