Esta medida es consecuencia de la entada en vigor de un real decreto que actualiza los límites de las multas incluidas en la Ley de Costas de 1988.

La ley facultaba originalmente a distintos organismos y administraciones a imponer multas que oscilaban entre el millón de pesetas y los cien millones, aunque autorizaba al Consejo de Ministros a sancionar con más de cien millones.

El nuevo real decreto permite al jefe del Servicio Periférico imponer multas por un valor límite de cinco millones de pesetas; al delegado insular del Gobiern, gobernador civil o delegado del Gobierno en la comunidad autónoma de hasta diez millones; al director general de hasta cincuenta millones, y al ministro de hasta doscientos millones. El Consejo de Ministro podrá sancionar a partir de ahora con más de 200 millones.

De esta forma, la actualización duplica la cuantía de las sanciones, justificando la reforma por razones de "eficacia y agilidad en el procedimiento".

La Ley de Costas de 1988 fue bien recibida en su momento por los sectores más consevacionistas, ya que promueve la protección de los aproximadamente 7.880 kilómetros de longitud de costa con que cuenta España, de los cuales el 24 por ciento corresponden a playas.

Recientemente, Convergència i Unió (CiU) solicitó en el Parlamento la reforma de algunos artículos de la ley, iniciativa que cuenta con la oposición de las organizaciones ecologistas.