Salgado señaló que "no creo que llegue a pasar, pero lo cierto es que sólo con dos operadores en el sector es muy fácil ponerse de acuerdo para fijar precios altos, por eso, en el decreto el Gobierno se reserva la posibilidad de fijare tarifas máximas en el servicio".

Respecto a la posibilidad de que la competencia obligue a bajar los precios de servicios móviles aún más de lo que lo ha hecho ya Telefónica, la secretaria general de Telecomunicacions afirmó que puede haber ajustes muy ligeros, quizá más sensibles en los costes de conexión, que siguen siendo altos en comparación con los de otros países europeos.

Sin embargo, precisó que el precio de los tráficos "puede ser muy parecida a la actual, lo que no quiere decir que no surgan diferencias de tarifas entre Telefónica y el segundo operador por las franjas horarias, los tipos de servicios, etc".

Elena Salgado reconoció el interés de grupos empresariales y financieros muy importantes porla telefonía móvil, al afirmar que "pocas veces se presenta un negocio tan claro como este", en el que se empieza con 300.000 clientes que tiene Telefónica, cuando nuestro nivel de renta debería situarnos ya por encima del millón de usuarios del servicio.

EXTRANJEROS, HASTA EL 30 POR CIEN

A su juicio, la participación ideal de socios extranjeros en la licencia debería estar entre el 25 y el 30 por cien, ya que es inevitable que existan dad su aportación tecnológica.

Indicó que el modelo de pondración que se empleará en España para adjudicar la licencia, puntuará el precio, las inversiones directas en infraestruictura y equipamiento, en forma de compras a las empresas nacionales o instaladas en España y los servicios, con especial incidencia en la cobertura que se prestará. También se tendrá en cuenta la tecnología propia de telecomunicaciones que se transfiera al país.

Un compromiso, explicó, sin el cual, el precio mínimo de la licencia insinuado por el Ministerio, en el entorno de 100.000 illones de pesetas, sería barato, pero en el que sigue existiendo un negocio claro en virtud del fuerte potencial de crecimiento que tiene la telefonía móvil en España.

Es precisamente este factor, indicó, el que obligará al Gobierno a elegir entre tres ofertas, que pueden resultar de las conversaciones actuales entre los cinco consorcios para refundir su propuestas, y no dos como ocurrió en Italia, donde el negocio era menor, y también el precio, unos 60.000 millones de pesetas.

En cualquier cas, agregó, el esquema de "tres patas", una del socio financiero, otra del tecnológico y otra del comercializador, sigue siendo la más recomendable.