Borrell, que presidió la presentación del libro "Las Grandes Ciudades: debates y propuestas", editado por el Colegio de Economistas de Madrid, indicó que el principal esfuerzo público para atender a los compromisos de 1992 en Barcelona y Sevilla, ya está hecho, y que "hay que empezar a pensar en el post-92".

Explicó que las actuaciones públicas de Sevilla y Barcelona deberán servir de experiencia para diseñar planes integrales de infraestructuras, suelo, medio ambiente, vivienda y diseño urbanístico a través de pactos o contratos con las ciudades españolas de tamaño medio "y por supuesto con Madrid también".

Como ejemplo de la ciudad-tipo en la que se intentará negociar dichos "contratos de Estado", citó las localidades de Oviedo, Zaragoza, Alicante y Santiago de Compostela.

En todas ellas, añadió,"hay infraestructuras de transporte, principalmente ferroviario, que ocupan mucho espacio y que ya no responden al fin para el que fueron concebidas".

Los acuerdos que el MOPT pretende conseguir con las ciudades españolas de tamaño medio, explicó, tienen que fijar el grado de esfuerzo, político y financiero, que las administraciones están dispuestas a comprometer para la mejora de sus respectivos entornos urbanos.

Uno de los aspectos que, según Borrell, tienen que atajarse mediante una acción púbica coordinada es el del transporte en las grandes ciudades. Explicó que, según un estudio del propio MOPT en las grandes ciudades, "si fuesemos capaces de reducir un 10 por cien del transporte privado actual por público, se ahorraría del orden de 40.000 millones de pesetas al año".

PLAN DE VIVIENDA

Respecto a las posibilidades del Plna de Vivienda del Gobierno, que prevé la concesión de ayudas públicas para la adquisición de 460.000 viviendas, el ministro reconoció que no será posible atender toda a demanda que se produzca en los cuatro años de aplicación del programa.

Cifró en unas 200.000 ó 220.000 viviendas anuales la previsión de la demanda con la que está trabajando el MOPT para los próximos cuatro años, pero señaló que tampoco el Gobierno pretende atender toda las peticiones de vivienda mediante ayudas públicas, sino "sólo las que no pueden acceder al margen que deja la acción libre del mercado".

Agregó que el real decreto con el que el Gobierno regulará la aportación de suelo para atuaciones protegibles es el primero de los instrumentos necesarios para aplicar el Plan de Vivienda, por lo que está previsto que lo vea el Consejo de Ministros esta semana o la que viene.

No obstante, concretó que también harán falta otras normas para regular las ayudas que están previstas en el Plan, y todo ello, afirmó, tendrá que estar aprobado y listo para su aplicación antes de que acabe el año.

Asimismo, fijó el mismo plazo para que el Gobierno apruebe el "paquete de medidas" con las que dse reformar la normativa de alquileres, más conocida como "decreto Boyer".

"Queremos que sea meditada porque esa legislación tiene voluntad de permanencia", con la finalidad de inyectar transmitir confianza y animar la demanda de vivienda de alquiler, según explicó el ministro.