Borrell afirmó quecon este adelanto de las actuaciones de 1994, podrán hacerse este año hasta 34.000 contratos más de los inicialmente previstos, pero todo dependerá de que las entidades financieras estén dispuestas a aportar entre 150.000 y 170.000 millones de pesetas adiccionales.

Además, el coste para la Administración sería de unos 7.000 millones, por lo que el Ministerio de Obras Públicas y el de Economía estudian ahora esta posibilidad para no incrementar el déficit público.

Hasta el 31 de marzo se habían caificado 178.775 viviendas, el 79 por ciento de lo previsto, y estaban pendientes de calificación otras 60.000. Además, las solicitudes alcanzaban las 236.452, el 95 por ciento del total de los objetivos para 1992-93 (248.865).

Asimismo, esta ampliación, para lo que sería necesario convocar una nueva Conferencia Sectorial una vez aprobada por el Gobierno, está justificada porque las entidades financieras han firmado convenios en febrero y marzo por valor de 580.000 millones de pesetas, 20.000 más de lo previstos.

Según la directora general de la Vivienda, Cristina Narbona, que acompañaba a Borrell en la rueda de prensa, muchas comunidades autónomas han cumplido los objetivos previstos y se encuentran prácticamente paralizadas, por lo que los sectores representados en la Comisión de Seguimiento -promotores públicos y privados, entidades financieras, representantes de las autonomías y sindicatos- han considerado conveniente su ampliación.

Ambos responsables ministeriales rechazaron que esta propesta sea una medida electoral ya que a su juicio se hubiera realizado independientemente de la existencia de los comicios, y aseguraron que todos los sectores de la Comisión habían estado de acuerdo.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y Andalucía han superado los objetivos propuestos, mientras que Cantabria, Galicia y Asturias son las más retrasadas.

Por otra parte, José Borrell anunció la aprobación de dos decretos antes de las eleccione: uno de liberalización de los precios de venta de las viviendas de protección oficial anteriores a 1978 y otro que introduce modificaciones a las actuaciones de rehabilitación urbanas, coordinadas con los ayuntamientos.