Según un comunicado que el MOPT difundió hoy, los encargados del expediente son la Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente a través, a su vez, de la Dirección General de Calidad de las Aguas, junto con la Confederación Hidrográfica de Ebro.

El origen de esa información sancionadora fueron los vertidos de residuos tóxicos supuestamente efectuados de modo sistemático por la papelera en el Ebro, especialmente a partir del pasado 20 de marzo.

Según el mismo comunicado oficial, en aquella fecha, hubo un vertido ocasional de lodos de tratamiento, por una avería en la centrifugación, sin que los responsables de la factoría dieran el preceptivo aviso a la Confederación Hidrógráfica del Ebro, lo cual incumple gravemente el condicionamento de la autorización de vertidos.

Asimismo, como consecuencia de la inspección en la empresa, los técnicos oficialse detectaron un importante incremento en la producción de papel y pasta de papel, del que deriva un vertido con un caudal y una carga contaminante del orden del doble de la autorizada y para el que no está dimensionada la planta depuradora.

"Ello evidencia", dice el comunicado del MOPT, "que la empresa ha venido realizando un vertido no autorizado de forma continuada, lo que supon un infracción "muy grave", dado el carácter altamente contaminante del vertido".

La propuesta de sanción que será elevada, con carácter de infracción "muy grave", al Consejo de Ministros, figura como la máxima que prevé la Ley de Aguas, y que es de 50 millones de pesetas.

Por otra parte, la estimación de la indemnización por daños al dominio público hidraúlico debido a la infracción cometida, se valora como mínimo en 164.064.000 pesetas, según el comunicado difundido hoy.

La Confederación Hdrográfica del Ebro remitirá la próxima semana el expediente sancionador completo al fiscal, al considerar que pueden concurrir circunstancias que justifiquen otro tipo de delitos.

La mayor parte de los ayuntamientos de los doce términos municipales que resultaron afectados y sin abastecimiento de agua como consecuencia de los vertidos de "La Montañanesa", decidieron presentar querellas criminales contra la empresa.

Por su parte, el Defensor del Pueblo solicitó a las distintas instalacias oficials, incluida la Confederación Hidrográfica del Ebro, información sobre el suceso, con el fin de remitirla al ministerio fiscal, por si se tratase de un delito contra el medio ambiente.