El deslinde permitirá delimitar los terrenos costeros de titularidad estatal y los colindantes sometidos a las servidumbres de protección legalmene establecias.

"De esta forma", según el MOPT, "se termina con la inseguridad jurídica derivada del desconocimiento de la frontera que separa lo público de lo privado".

El titular del departamento de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, llegó a afirmar en el Congreso de los Diputados que cuando el proceso quede cerrado "se habrá roto con la inercia de largos años de desidia administrativa y abusos particulares, que de hecho habían privatizado nuestras costas".

En la actualidad, de los9.927 kilómetros a deslindar, 2.696,2 tienen ya definidos sus espacios públicos, en 3.024,8 la revisión está bastante avanzada, en 1.704 ha sido iniciada este año y en 1.501,8 kilómetros la operación permanece en "fase cero".

La Ley de Costas de julio de 1988 establece las normas para ejecutar esta delimitación, que afecta tanto a la zona marítimo- terrestre propiamente dicha como a marismas, albuferas, marjales, esteros y, en general, a los terrenos bajos inundados y las playas con sus escarpes, berms y dunas, así como acantilados y otras pertenencias.

Del total de 9.927 kilómetros de litoral, 8.000 corresponden a costas y el resto a marismas, rías y ríos hasta donde son sensibles las mareas.

Las zonas en las que el proceso está más avanzado son las de Ceuta y Melilla, donde está deslindada la totalidad de la costa, Pontevedra, La Coruña y Huelva.

Por el contrario, en Andalucía todavía no se ha iniciado en casi 700 kilómetros y en Cantabria permanecen en la misma situación algo menos dela mitad de los 900 kilómetros afectados.

El MOPT, según sus propios datos, gasta anualmente unos mil millones de pesetas en fijar las zonas de uso público del litoral español.

Paralelamente al trabajo de deslinde, la Dirección General de Costas está emitiendo informes preceptivos y vinculantes sobre los planes de ordenación territorial y urbanística que inciden sobre el espacio físico a proteger.

Durante los tres años de vigencia de la ley, la Administración central ha emitido alrededor de.500 informes, de los cuales 702 han sido favorables en primera instancia y 746 desfavorables.