Así lo defendió durante la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta a la cuestión planteada por la senadora del Grupo Parlamentario Vasco María Dolores Etxano, quien le preguntó sobre los pasos que el Gobierno ha dado para la aprobación del procedimiento administrativo para la acreditación de la existencia de violencias sexuales, establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía integral de la libertad sexual.

“Sé que comparte la honestidad de la necesidad de esta medida y de contar con una acreditación para las víctimas de violencias sexuales, las que denuncian y también las que no denuncian, que son la inmensa mayoría”, abundó.

En este punto, reivindicó que, a lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo ha “avanzado de forma decidida mejorando la acreditación” de las víctimas de violencia de género, “creando y poniendo en funcionamiento” la acreditación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y “previendo legalmente y teniendo en fase de desarrollo” esa acreditación de víctimas de violencia sexuales.

Tras reconocer que la disolución de las Cortes “y el hecho de estar en funciones” ha “retrasado” al Gobierno “algunos meses” respecto a su “plan”, aseguró que, “por supuesto”, dicho plan sigue siendo, en “cumplimiento” del artículo 37.2 de la ley, “cumplir” con la parte del Ministerio, que no es otra que “negociar” con las autonomías, en el marco de la Conferencia Sectorial y “llegar lo antes posible” a un “acuerdo” para contar con “ese modelo de acreditación, ese sistema de acreditación” que, a su entender, “es la puerta de entrada para muchos derechos de las víctimas de violencia sexuales”.

TRABAJOS YA EN MARCHA

Durante su intervención, la senadora vasca recordó a Montero que fue en el pleno del pasado 9 de mayo cuando fue interpelada sobre las actuaciones que tenía previstas su departamento para la acreditación de la condición de víctima sexual establecida en el artículo 37 de la ley y que, en su respuesta, el grupo fue informado de que los trabajos correspondientes al gabinete de Montero “ya estaban en marcha” y que “en las semanas siguientes” podría “proponer” a las comunidades autónomas el “primer borrador” de ese acuerdo para la acreditación administrativa.

“Y mostraba su voluntad para que, a través del debate y el trabajo conjunto, se pudiera alcanzar un acuerdo y aprobar dicha acreditación a lo más tardar en el mes de septiembre”, agregó la senadora, para lamentar que “unos días después” de la interpelación se convocaban las elecciones a Cortes y el Gobierno en funciones “dejaba suspendida” la reunión bilateral del Ministerio con el Gobierno Vasco para, “entre otros temas, tratar esta cuestión de la acreditación”, razón por la cual “este tema ha terminado no tratándose”.

En este punto, se interesó de nuevo por si en la próxima legislatura se abordará un asunto que juzgó “fundamental” para el “desarrollo integral de todos los aspectos” de la ley, como es disponer de una acreditación administrativa de la condición de víctima sexual que “garantice con seguridad jurídica” el acceso de las víctimas a “todos sus derechos, esto es, a los recursos y servicios” que dicha ley contempla, convencida de que este es “uno de los aspectos más urgentes para el despliegue de la ley”.

“Desarrollar el artículo 37, desarrollar un procedimiento básico de acreditación administrativa para las víctimas de violencias sexuales común para todas las administraciones, donde se establezca el ámbito de aplicación, las situaciones en las que cabe la solicitud de acreditación administrativa, la actuación en caso de que las víctimas cuenten con un título de carácter judicial, las circunstancias que deben tener los servicios especializados que realicen el informe de valoración para que sea emitido por los organismos que finalmente lo acreditan”, resolvió.

MÁS ALLÁ DE LA SENTENCIA CONDENATORIA

Esto permitirá que, “más allá o además de la sentencia condenatoria”, las mujeres víctimas de violencia sexual “puedan”, a través de esas acreditaciones administrativas, “exigir” a las administraciones públicas “una respuesta adecuada, integral y coordinada que les proporcione atención, protección, justicia y reparación”.

“En definitiva, el acceso a todos los derechos de la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Todos los que hemos creado”, resolvió, para recordar la “experiencia” de la Ley Orgánica 1/2004 en la que, para “superar el excesivo protagonismo de la denuncia penal”, fue necesario “esperar 16 años” para disponer de una acreditación administrativa para las víctimas de violencia de género.